Este lunes 24, organizaciones de derechos humanos, diputados y familiares de presos por causas relacionadas al Estallido Social solicitaron al Gobiernmo que cumpla su compromiso inicial y retire las querellas interpuestas contra los jóvenes detenidos durante las protestas.
Los familiares expresan que las acusaciones se basan en montajes y exageraciones jurídicas.
La presión de la Derecha que busca dar un escarmiento a la población para que no vuelva a alzarce ni alegar por sus derechos, ha hecho que la detención de estos jóvenes se haya prolongado en forma absurda. No hay justicia, hay castigo a la rebelión.
Junto a las familias y las más de 200 organizaciones de derechos humanos, se suscribieron a la solicitud las y los diputados Ana María Gazmuri (Ind), Hernán Palma (AH), Carmen Hertz (PC), Tomás Hirsch (AH), Nathalie Castillo (PC), Boris Barrera (PC), Marisela Santibáñez (PC), María Candelaria (PC), Carolina Tello; y el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC).
Nuestro colectivo Frente Cacerola adhiere a esta solicitud e exigimos al Gobierno cumplir con el compromiso. No es posible que los tramposos, corruptos, coimeros que fueron los que detonaron el estallido se mantengan impunes y sea la población humilde la que paga con su libertad la osadía de habernos alzado contra las injusticias.
