Luego del fracaso del proyecto de Nueva Constitución en el último plebiscito, el proceso constitucional se ha estancado y, con él, las aspiraciones de millones de chilenos por ver cambios importantes en su país. La preocupación se ha instalado, teniendo un parlamento que le da excesiva representación a deslegitimados partidos, y con particular fuerza a partidos de derecha. Entre ellos, hay quienes ni siquiera quieren cambiar de Constitución y, de no poder oponerse efectivamente a la elaboración de una nueva Constitución

Ahora la discusión sigue entrampada entre las opciones de un órgano 100% electo y uno mixto, que tenga representantes electos y otros designados por el Congreso. Una postura intermedia sería que haya un órgano mixto que tenga expertos que vayan a elección. El poder de presión de la derecha ha hecho que la opción mixta destaque bastante en la discusión, y se asoma la posibilidad de un acuerdo de ese tipo. El mismo presidente se ha abierto a la posibilidad, pues, en sus palabras, “es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo.”

Podríamos pensar que esto hace avanzar el proceso, y que basta para tener una nueva constitución garante de derechos y votada por una mayoría. Si es así, ¿No es tan malo, o incluso, no sería lo mejor? Lamentablemente, las cosas son más complicadas. Como insistimos más abajo, hay serios problemas con la idea de ofrecer representación política via credenciales de experiencia profesional. Pero también con otras de las cosas que se están proponiendo. Una de ellas es ponerle bordes previos a la deliberación democrática del nuevo órgano redactor, lo cual también puede prestarse para trampas y frenos conservadores arbitrarios. Frenos impuestos por grupos sobrerrepresentados en la política y los medios de comunicación.

De parte de la ciudadanía organizada y los movimientos sociales, se está plantando oposición a estos acuerdos políticos en formación, defendiendo la opción de una convención 100% electa. Ya reportado por medios como El Mostrador, la llamada Coordinadora de Movimientos Sociales, que agrupa numerosas organizaciones de la sociedad civil, ha hecho un llamado público a mantener el impulso democrático del proceso constituyente y, con ello, llamando a tener un órgano 100% electo. Denuncian que las trabas y limitaciones que se están poniendo muestran una “desconfianza y desvalorización” de la democracia. Esta desconfianza hacia la democracia y a la gente común ya se había expresado en el grupo de expertos designado a dedo que hizo la Constitución actual en dictadura, retocada pero mantenida en lo esencial luego de la reforma de Ricardo Lagos.

Hacemos un llamado a respetar la decisión popular que mandató la realización de una Nueva Constitución con un órgano democráticamente electo, y a permitir que la deliberación sea efectivamente dada por ese órgano y no esté sustantivamente pauteada por grupos conservadores en el Congreso.

Es importante recalcar que incluso una convención con cupos especiales para expertos (como algunos estaban proponiendo) tiene sus complicaciones, y que este problema es un mayor si los expertos los designa el parlamento. Se pueden resaltar en algunos puntos de síntesis:

    1. Los expertos, en calidad de tales, no pueden ser ética y políticamente neutrales e independientes. Tienen sus propias posturas, sesgos, intereses y un origen y pertenencia social a la que responden. Obviamente hay conocimientos expertos que pueden y deber aportar a la toma de decisiones políticas y jurídicas. Pero es difícil o imposible no tener una postura moral y política propia, y es importante no ser ingenuo al respecto. Esas posturas, en muchos casos, bien pueden hacer que el conocimiento experto aportado sea limitado e incompleto. El experto bien puede hacer más mal que bien, incluso.
    2. La Convención anterior no fracasó por la falta de expertos, incluso considerando todos los errores que haya cometido como órgano, además de los errores del progresismo y la izquierda. No sólo contaron con grandes números de asesores y una abrumadora mayoría de profesionales entre los miembros electos. Contaron con el apoyo de investigadores expertos de diversa índole (incluyendo apoyo de la prestigiosísima fundación Max Planck) y altos funcionarios de los poderes autónomos del Estado.
    3. Que los miembros, o buena parte de ellos, tengan que tener ciertas calificaciones y certificaciones mínimas hace que cambie la composición social de sus miembros, sobrerrepresentando —aun más— a los grupos socioeconómicos más capaces de producir profesionales en primer lugar (las capas medias ascendentes y las clases altas con más poder). Recordemos que incluso se ha estudiado la manera en que los apellidos se reparten entre las profesiones más exitosas en Chile, lo tremendamente usuales que son aquí los apellidos vascos o europeos en general, y lo escasísimos que son los apellidos mapuche, por ejemplo.
    4. Todo órgano popular tiene que contar con apoyo de expertos que deben ser considerados en su área de competencia, independiente de cualquier otra circunstancia. Esto puede estipularse incluso de manera reglamentaria, como una obligación para los representantes electos o funcionarios (lo que también puede contemplar medidas de transparencia al respecto, incluyendo aquí el rol que debieran ejercer responsablemente los medios de comunicación).
    5. Ni la Convención anterior ni el parlamento han logrado reclamar de manera exitosa suficiente legitimidad ante el pueblo de Chile, ni como apoyo directo o sólido a sus proyectos políticos, ni en términos de participación y votación. La crisis política en Chile ha provocado un nivel de desconfianza transversal, y debe ser subsanada dando más oportunidades a las personas para influir en las decisiones que les afectarán (no con menos).

Para quienes además quisieran que un comité de expertos hiciera todo el trabajo, hay que recalcar que por definición un arreglo como este es anti-democrático. Por definición un órgano político o de gobierno liderado por expertos no es liderado por el pueblo. La expresión «tecnocracia» lo expresa bien: es el poder de los técnicos, no de la gente. Según estas posturas la gente no es capaz de decidir lo que le conviene (cosa que personas como Matías del Río, notorio comunicador de derecha, no se cansa de expresar en televisión siempre que puede). Uno de los primeros proponentes del gobierno por parte de expertos fue el antiguo filósofo griego Platón (quien creía que era la gente como él la que tenía que estar al mando). Platón no tenía asco en criticar duramente la democracia y oponerse a ella (por razones que no son aceptadas por nadie en filosofía o teoría política actual, ni por nadie en su sano juicio).

Hacemos un llamado a apegarse al espíritu e impulso de las demandas de cambio del pueblo chileno, a evitar que el proceso se lo lleven a la cocina de las elites políticas y económicas. A evitar que, una vez más, nos vendan gato por liebre. El país requiere una nueva Constitución que ayude a pavimentar un camino de progreso económico y en mayor igualdad de condiciones y oportunidades. Gran parte de esto ya parece ser consenso entre los chilenos (que además muestran interés en normas más fuertes para proteger la naturaleza, entre otras cosas). La misma derecha ha tenido que salir a ceder públicamente que los chilenos necesitan mayor protección social y que concederían un “Estado social de derechos” para avanzar en esta dirección. No hay que subestimar, sin embargo, lo lejos que pueden ir para entrampar y ponerle límite a todos los cambios que perciban como una amenaza a su visión de mundo (y a su poder). No podemos dejarlo en sus manos. Es el pueblo, y sólo el pueblo, el que debe cocinar en esta cocina.

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