Presidente Boric indulta a trece personas condenadas por participar en el estallido social de 2019 y a un ex-miembro del Frente Patriótico condenado con pruebas febles. Una Gota de Justicia que ha provocado la alharaca de coimeros, raspadores de ollas. Los mismos que han financiado sus carreras políticas con platas corruptas. Los mismos que sus ediles se roban el dinero público de los Municipios en carretilla. Una gota de Justicia en un sistema que encarcela a quien protesta y asegura libertades a quienes han convertido la República en el paraíso de los corruptos de cuello y corbata.
Mala memoria o complicidad
10 de mayo de 2021. «Este lunes, el Presidente Sebastián Piñera, a través del Ministro de Justicia, Hernán Larraín, concedió el indulto al ex Fiscal y Auditor General del Ejército durante la Dictadura, Fernando Torres Silva, quien hasta la semana pasada se encontraba recluido en el penal de Punta Peuco, desde el 14 de agosto de 2015, condenado por su participación en el asesinato del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos en 1992, pena que debía cumplir hasta 2025.»
La misma Derecha corrupta que hoy se escandaliza por la libertad de muchachos que participaron activamente el la revuelta, nada dijo acerca de la libertad de asesinos brutales, torturadores como es el caso de Torres Silva. Asesinos que jamás han mostrado un gota de arrepentimiento y que son aplaudidos como héroes en las reuniones internas UDI o RN.
Los indultados por el Presidente Boric
Se trata de Bastián Olguín Rivera (31 años), Jordano Santander Riquelme (38 años), Felipe Santana Torres (22 años), Cristián Cayupán Queupil (30 años), Francisco Hernández Riquelme (23 años), Bastián Campos Gaete (22 años), Luis Castillo Opazo (37 años), Sebastián Montenegro Coo (25 años), Claudio Romero Domínguez (21 años) y Brandon Rojas Cornejo (22 años).
En estos días publicaremos las historias de cada uno de ellos. Detrás de la vida de cada uno de éstos jóvenes hay familias, madres, hijos y sueñor por cumplir. Ellos como miles de Chilenos salimos un día de Octubre a decir ¡Basta!. La represión brutal se desata por los aparatos del Estado contra su pueblo: asesinatos, violaciones, mutilaciones, chilenos ciegos por el actuar brutal de una policía que opera impunemente para defender a una clase social y empresarial que se ha apoderado de la Répública. Un sistema político donde la democracia y la soberanía popular vale menos que lo que se acuerda en una reunión de la CPC o en el Mercurio. Un país donde un charlatán pseudo intelectual elegido por nadie decide como será nuestra Nueva Constitución.
Jóvenes que salieron a las calles a expresar su descontento. Detenidos y acusados en muchos casos con pruebas que no cumplen mínimos de fiabilidad. Detenidos por una policía que cometió delitos masivamente durante la represión a la protesta.
Que duda cabe que los delincuentes aprovecharon este alzamiento popular para hacer de las suyas. Es probable que esa policía haya detenido a uno que otro saqueador y este ahora goce de libertad e impunidad, la misma de la que goza un extremista de ultraderecha que dejó ciego a Gustavo Gatica. O un abusador violento que cegó a Fabiola.
La represión policial y la represión jurídica de un sistema que castiga a los humildes con sanciones que ya quisieramos en un mínimo contra políticos coimeros y empresarios corruptos. Pero el hilo siempre se rompe por el lado más débil. Contra los que no tenemos parientes ni amigos en el Poder.
El caso de Felipe Santana
La querella interpuesta contra el joven es parte de las más de 20 presentadas por la gobernación de Llanquihue, y en cada una de ellas se buscó aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado.
En primera instancia, la acusación contempló once delitos y la Fiscalía esperaba más de 17 años de cárcel para Santana. De ellos, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt (TOP) acreditó al joven como autor del ilícito frustrado de incendio en un inmueble habitado, hurto simple y daños a bienes de uso público. La condena se refleja en tres penas efectivas: cinco años y un día, 541 días y 301 días respectivamente.
Como agraventes el Tribunal consideró los N°12 y 17 del artículo 12 del Código Penal. Estas se refieren a cometer el delito en ocasión de tumulto o conmoción popular y en un lugar destinado al ejercicio de un culto, por los ilícitos de hurto simple e incendio frustrado.
En 2020, la defensa de Felipe Santana presentó un recurso de nulidad con la finalidad de anular el juicio o realizar otro. El documentoincluyó que solo dos de los testigos »habrían identificado al encartado en las acciones incendiarias (…) y que ninguno de ellos fue presencial». Por lo tanto, se habrían limitado a hacer »estudios comparativos de imágenes y videos».
Igualmente se refiere a que, »ante la ausencia de un video, las nueve imágenes aportadas por el Ministerio Público y exhibidas a los referidos testigos, si bien permiten posicionar y ubicar al condenado en el lugar del hecho, no logran reflejarlo en despliegue de una acción de encender o alimentar el fuego».
Sin embargo, en febrero de 2021 la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el recurso de nulidad y ratificó la condena a Felipe Santana. Su abogado defensor, Fernando Leal, declaró que volverían a alegar la vulneración de garantías debido a que la Corte no se pronunció al respecto.
Testigos de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y personas cercanas a la Catedral presentaron pruebas en el juicio. El vocero de los Observadores de DD.HH. de Puerto Montt, Luis Ramírez, detalló que los registros sitúan a Felipe en el lugar, pero que no hay ninguna evidencia de él cometiendo los delitos.
Por otra parte, la Red de laicos y laicas de Puerto Montt declaró que »el Arzobispado (…) con el fin de tener una persona a quien culpar, ha presentado en el juicio a funcionarios y personeros eclesiásticos como testigos. Seriamente dudamos de lo verosímil de sus declaraciones pues ellos carecen de autonomía y calidad moral».
El abogado del joven, Fernando Leal, afirmó que «se le negó su derecho a defensa y debido proceso, toda vez que no hay prueba alguna que lo vincule con la hoguera», recoge El Llanquihue.
«Lo único que existe es una fotografía donde aparece tomando una malla que, posteriormente, aparece en dicha hoguera. Pero ningún juez ha sido capaz de acreditar que realizó el incendio», añadió.
Asimismo, apuntó que el condenado tiene un «retraso cognitivo» que el tribunal no tomó en consideración en la resolución.
Felipe Santana fue condenado a 7 años de cárcel. Sin raspar una Olla.
