Ha llegado el momento de poner fin a las AFP, y asegurar pensiones dignas. Sin embargo, no son pocos los que temerosos, se muestran indecisos frente a esta iniciativa. Están desencantados con los pobres resultados alcanzados. Sin embargo, les asusta los principios de reparto, solidaridad, universalidad esgrimidos en la Nueva Constitución. Temen que sus escasos ahorros vayan a parar a manos de otros más pobres.
Chile ha vivido durante cerca de 50 años bajo un modelo neoliberal, que ha fomentado un individualismo exacerbado, cada cual se preocupa y defiende sus intereses. Palabras como solidaridad e igualdad asustan, y son vividas como amenaza. El temor a que nos quiten lo que tanto nos ha costado construir, no pone a la defensiva y nos hace presa de todo tipo de mentiras y engaños. Más aún, se si ha vivido bajo un Estado que no protege a sus ciudadanos.
Particular alarma ha suscitado el elevar a rango Constitucional el derecho a la seguridad social, no contemplada en la Constitución de 1980 que sólo regulaba el acceso. En la nueva Constitución, se establece una Sistema de Seguridad Social público, que sea para todos, incluyendo a quienes ejercen labores de cuidados, es decir cientos de miles de mujeres que trabajan en sus casas, basado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad.
Sistema que se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación.
Apenas se aprobó esta norma, la derecha reaccionó con fuerza señalando que esto significaba que nos expropiarían o quitarían los pocos ahorros capitalizados en las cuentas individuales de las AFP. Y sería una de las razones para no votar apruebo. Las AFP han hecho lo suyo, y han lanzado una campaña por el derecho a elegir. Sin embargo, cuando se intentó crear una AFP estatal, para que se pudiera elegir, recurrieron al Tribunal Constitucional e impidieron que se implementara esta ley.
La actual Constitución no garantiza el derecho a pensiones dignas. Sólo regula un sistema de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual obligatoria en una administradora de fondos de pensiones (AFP). Sólo en casos excepcionales, y cuando este componente es insuficiente el Estado asume un rol subsidiario, complementando los fondos de los trabajadores.
No es verdad, que los trabajadores son propietarios de sus ahorros previsionales, en términos directos como lo son de los bienes propios o cuentas bancarias. No se puede disponer de dichos fondos libremente. La mejor prueba de ellos han sido las arduas discusiones para implementar modificaciones constitucionales para efectuar retiros de los fondos de la AFP.
La derecha ha insistido que él fin del sistema de las AFP y la implementación un sistema solidario y de reparto implicaría la expropiación de nuestros fondos. Esto es una mentira del porte de una catedral. En realidad, el fin de las AFP, significa que ya no podrán usar nuestros ahorros para hacer sus negocios.
Según la Fundación Sol, gran parte de los ahorros previsionales son empleadas en empresas de grandes empresarios con importantes ganancias. El dinero de los trabajadores es invertido en empresas de grandes grupos económicos tales como: los Luksic, Ponce Lerou, Angelini, Matte e incluso Penta. Quienes lucran y obtienen enormes ganancias con nuestros ahorros. Parte de nuestros ahorros van también a los bancos, que nos prestan nuestro dinero con elevados intereses. Sin embargo, nuestros fondos no rentan, y al final de nuestra vida laboral recibimos pensiones miserables.
Los resultados del sistema de AFP son catastróficos. Según, las estimaciones de la Comisión de Pensiones creada por la expresidenta Bachelet, se estima que personas con un salario de 600.000 que hayan cotizado durante 33 años recibirán una pensión de 234.000. Si estas personas estuvieran en un sistema social de pensiones, guiado por los principios que propone la nueva Constitución, como el sistema que propone el Movimiento No +AFP tendrían una pensión de 628.000 (https://www.fundacionsol.cl/simulador). Es decir, las bajas pensiones no se explican por lo ahorrado durante la vida laboral, sino que son el resultado de organismos que se han dedicado a lucrar con el dinero de los trabajadores.
Cabe señalar, que la norma aprobada no estipula cómo se implementará el sistema de pensiones, sólo señala los principios por los cuales debe regirse y su carácter público. Y esto no es contradictorio con sistema de capitalización individual en entes privados. En realidad, lo que se busca es establecer un sistema de pensiones que asegure pensiones dignas, e impedir que entidades con fines de lucro se enriquezcan con el dinero de los ahorrantes.
Tampoco es efectivo que la iniciativa aprobada conlleve la expropiación de los fondos, los que seguirán siendo de cada cotizante, pero se los protegerá de los vaivenes del mercado. Las pensiones serán proporcionales a lo percibido como remuneración, complementando con el porcentaje que aportará cada empleador, más los fondos del Estado. Se trata de asegurar una vejez digna y protegida para todos y todas.
