Imagen: propuesta constitucional 2023 (Fuente)

Se han comentado extensamente los problemas que tendría la propuesta constitucional que ofreció el liderazgo republicano. Estos van de errores de redacción a errores técnicos o problemas jurídicos, políticos e institucionales que traería, y donde algunos de estos podrían ser muy graves. Incluso, según un ex Ministro del Tribunal Constitucional para CIPER, la propuesta podría llevarnos a un “colapso normativo” en cosa de un año. Este tipo de problemas son tan serios que, con ironía y recordando la contienda constitucional anterior, algunos le dicen “mamarracho” al nuevo texto.

Incluso con los montones de videos, posts, noticias y artículos que salen, es bueno repasar y aclarar cosas esenciales sobre el tema. Aquí sintetizamos algunos asuntos que podrían ser muy problemáticos en la propuesta.

¿»Colapso normativo» en un año?

Las advertencias en este tema vienen, en este caso, de Gonzalo García Pino, abogado y profesor de derecho constitucional, ex Ministro del Tribunal Constitucional desde 2011 hasta 2022. Según el profesor (para CIPER), la propuesta constitucional está tan mal hecha que produciría un colapso en el sistema normativo chileno en cosa de poco tiempo. Su aprobación alteraría la relación entre leyes y reglamentos, quitándole piso a las regulaciones que no dependen directamente de la ley aisladamente, sino que dependen de reglamentos y disposiciones políticas o técnicas de las instituciones (como lo que ya hemos comentado sobre la legislación del narcotráfico). 

Se generaría también una presión enorme en el Congreso, que tendría que legislar decenas de leyes de transición constitucional y replantear su propia institucionalidad a la vez. Según el abogado, variedad de aspectos de la regulación legal se verían en serios problemas, desde las normas urbanísticas, de tránsito, a las normativas de superintendencias en temas educacionales, laborales, financieros, de servicios eléctricos, sanitarios y alimenticios, ambientales y de seguridad.

Familia, educación, derechos reproductivos

La abogada, magister en Derecho Público y doctoranda en derecho de la U. de Valparaíso, Carolina Carreño, advierte que la propuesta constitucional sería un problema por intentar imponer una visión fuertemente conservadora y cristiana al resto de la sociedad. Al referirse a las familias, el proyecto habla solo de “padre y madre”, lo que según la abogada podría hacer peligrar el matrimonio igualitario y la adopción homoparental (por no cumplir estándares constitucionales sobre qué es una familia). 

Según ella, el texto comprendería un derecho a la objeción de conciencia tan hipertrofiado que pondría en riesgo incluso cosas como la entrega de “pastillas del día después” o anticonceptivos de emergencia, porque esto podría ir en contra de la “conciencia” institucional de clínicas, farmacias y centros de salud privados (lo que se sumaría, en términos de derechos reproductivos, a los peligros que implicaría para la ley de aborto la aprobación el proyecto). Según la abogada, también se peligra mantener o aumentar la desigualdad social asociada a la educación, pues el texto estaría fuertemente orientado a fortalecer la educación privada y los proyectos particulares de educación. 

Esto es complementado por el doctor en educación en Harvard e investigador en el área de educación, Cristian Bellei, junto al sociólogo de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Estos investigadores participaron activamente en los dos procesos constituyentes del último tiempo, entregando sus propias propuestas. A pesar de eso, en temas educativos le ponen “mala nota” al proyecto actual por varias razones. 

Destacan entre ellas el hecho de que, según ellos, no se avanza realmente en garantizar el derecho a la educación. Se exagera o hipertrofia la libertad de enseñanza y se constitucionaliza el “voucher” (asegurando así recursos al sector privado, pero impidiendo también que el Estado condicione el uso de recursos públicos para orientarlos al bien común). También, según los investigadores, se abriría la puerta para constitucionalizar la discriminación de los colegios hacia los niños, pues la objeción de conciencia institucional podría invocarse para estos efectos, junto con el derecho que tendrían los establecimientos a “conservar su integridad e identidad” en desmedro del derecho a la no discriminación.

Según Óscar Rojas, abogado y magíster en Derechos Humanos y Democratización y colaborador del Colectivo Sin Fronteras, la niñez en general quedaría sin garantías constitucionales para su protección efectiva, pues no reconocería realmente a los niños como titulares de derechos ni el principios de autonomía progresiva del niño, y simplemente omitiría su derecho a la participación. La propuesta, según él, se alejaría del derecho internacional y también pondría severamente en riesgo a los niños de personas extranjeras en situación irregular, pues podría implicar que se les expulse o se les deje en condicion de apátridas al nacer aquí (en vulneración del derecho internacional al respecto).

Ayudar a los ricos, cagarse a las comunas pobres

Como ya es sabido por muchos, la propuesta eximiría a las personas de pagar contribuciones por su primera vivienda. Pero también se sabe que esto solo beneficiaría a los más ricos, que son quienes realmente pagan este impuesto. Desde la derecha igual defienden esta norma porque queda abierta en el texto la posibilidad de poner excepciones a esta norma en la ley regular, con lo que podría hacerse que los más ricos igual paguen impuestos por su vivienda. Pero esto dependerá del Congreso, que bien podría no hacer nada al respecto. 

El peligro de todo esto también está en que estos impuestos en gran parte van al Fondo Común Municipal, del cual dependen ampliamente las comunas más pobres y comunas rurales. Según los datos juntados por la fundación Rumbo Colectivo, en su estudio crítico del proyecto, las comunas menos desarrolladas y las comunas rurales dependen en promedio en un 67% de este Fondo Común. Notan además que estudios más actualizados mostrarían que estas cifras se mantienen y estimarían que más de la mitad de las comunas del país tienen una dependencia mayor al 50% de su financiamiento respecto a estos fondos. Si bien la propuesta contempla un tiempo para hacer los ajustes necesarios para solventar esta situación, el riesgo de que no se haga a tiempo podría ser fatal y abre un problema que no tendríamos por qué tener.

Por estas y muchas otras razones, la propuesta ha sido considerada problemática por una amplia variedad de voceros sociales y académicos. Dado todo esto, solo nos queda advertir de los posibles peligros que implica y hacer un llamado a votar a conciencia.

Puedes revisar el proyecto constitucional republicano aquí. Recomendamos también la lectura del estudio crítico ya citado de la agrupación Rumbo Colectivo, “Consagración de la desigualdad y erosión del Estado: el Chile de la propuesta constitucional 2023”.