Imagen: Democracia Viva (Fuente)
Por Victor Serge
Seguramente la mayoría ha oído escuchar del llamado “caso convenios” o “caso fundaciones.” Aquí ofrezco un poco de información para orientarse y una evaluación crítica al respecto, aunque abundan reportajes, entrevistas y comentarios sobre el asunto, tantos como para quedar chato. Escribimos esto también como excusa para explorar una crítica más profunda, en otra contribución para La Cacerola, al rol de las fundaciones en nuestra sociedad.
Todo estalla con el icónico caso de la fundación Democracia Viva, cuando el 16 de Junio el medio antofagastino Timeline publica un reportaje sobre millonarias transferencias de riqueza desde la SEREMI de Vivienda de Antofagasta a la fundación. El problema y las sospechas surgen con el hecho de que la fundación estaría ligada a la diputada Catalina Pérez (RD). Comenzando Mayo, la presidenta de la asociación de funcionarios del Serviu de Antofa informó con un correo sobre ciertos antecedentes importantes. Entre ellos, una carta enviada a la ahora ex subsecretaria Tatiana Rojas (RD), que daba cuenta de una situación de posibles intereses cruzados que complicaba la asignación de fondos mediante estos convenios: el director de la fundación era la pareja de la diputada Pérez, y donde también el SEREMI sería del mismo partido.
Luego se destaparon montones de otros casos problemáticos de distintas fundaciones y corporaciones, donde en muchos casos se testifica asignación de fondos que habrían sido malversados o desviados de sus objetivos oficiales, donde las obras no se están haciendo o están retrasadas, o están a cargo de fundaciones que parecen tener poca experiencia. Hasta la semana pasada ya se hablaba de 47 casos en 11 regiones del país, los que están siendo investigados por las fiscalías locales con coordinación a nivel nacional. Se habla de, en total, más de 32 mil millones de pesos. Se habla, también, ya de varios detenidos.
El caso más escandaloso es sin duda el de Camila Polizzi, que habría “arrendado” una fundación a una persona modesta y vulnerable, y donde se han descubierto gastos millonarios indebidos por parte de la encargada en ropa y comida.
¿Qué es lo que estaría a la base de estos convenios sospechosos o derechamente truchos? Según el jefe de la unidad anticorrupción de la fiscalía, Eugenio Campos, se debería al relajamiento en la Ley de Presupuestos por modificaciones que se habrían hecho el 2020 para entrar en vigencia desde 2021, durante en el gobierno anterior. El investigador precisa que hay que tener presente los subtítulos 24 y 33 de la Ley de Presupuestos. Hasta antes del 2021 ambos subtítulos estaban sujetos a los controles del artículo 23 de la ley. Esta implicaba varios procesos de control, incluyendo la toma de razón por parte de la Contraloría cuando se ejecuta un programa de convenios y al aceptarse la planificación. Para explicarlo Campos hace una analogía con el proceso de sacar un crédito para un proyecto. Uno ahí contempla el seguimiento de una carta Gantt con las tareas calendarizadas; hay garantías respecto a las cuales hay que rendir y se tienen que presentar avances en los proyectos para recibir todo el dinero convenido. Todo esto cambió y el proceso de asignación de parte de los fondos quedó con “determinada opacidad”, según nos cuenta Campos. Mientras en el subtítulo 24 se mantenía un mayor control, con el subtítulo 33 dejó de ser así y donde las cosas se hacían mediante concurso público pasaron a hacerse con trato directo, lo que puede hacer más fácil que se cometan errores, desprolijidades o trucherías en la asignación de platas.
Campos además ve patrones comunes en gran parte de los casos. En particular: 1) constitución de fundaciones y corporaciones muy recientes, 2) vaga experiencia respecto a lo acordado, 3) altos montos; centenares de millones de pesos en poco tiempo.
De acuerdo al historiador, académico PUC y director ejecutivo de Momento Constituyente para Pauta, la asignación de dinero por trato directo puede tener sentido para contextos de emergencia, imprevistos o donde haya una sola empresa o fundación que sea la que ofrece lo que se está buscando. Se entiende que de otro modo, con una licitación, las cosas podrían ser muy lentas. Pero eso tiene que ajustarse a normas de control; se debe justificar. De acuerdo al historiador,
“Hay razones [en estos casos investigados] para sospechar que ese trato directo habría obedecido a razones distintas a las de la legislación. Si yo soy seremi, ministro, trabajo en la municipalidad, o lo que sea, y quiero hacer un trato directo, no basta con decir ‘lo hago’. No, tengo que fundamentarlo y enviarlo a todas las reparticiones (…). Lo que ocurre en este caso [el de Democracia Viva], es que existen una serie de factores que hacen al menos sospechar que existe un tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque tenemos una fundación que está dirigida por una persona que es militante de un partido político y además es pareja de la parlamentaria de la región donde esta persona trabaja. Quien firma el trato directo, el seremi, también es del partido y es ex-asesor de esa parlamentaria. Lo lógico es pensar que hay injerencia de ella en que esa persona haya estado ahí, lo que es muy probable en este caso.”
Algunas partes involucradas se defienden diciendo que no recibieron dineros personalmente, lo cual bien puede ser cierto. Pero hay intereses cruzados de todas maneras ahí donde hay vínculos con partidos políticos afines en las asignaciones de plata, o vínculos laborales o personales cruzados. No es ni pulcro ni bueno que se asignen fondos de esa manera, no sólo porque se ve mal para tu partido y sales políticamente perjudicado, sino porque está mal. No haber recibido directamente dinero para uno no quiere decir que no tengas un interés creado en la asignación, en particular si esto te pudiera beneficiar de cualquier manera, aunque sea simplemente ayudándote a conservar y tener pega.
Esto es lo que también muchos políticos profesionales no se animan a asumir: que constituyen un tipo de clase social con intereses propios, a saber, defender su pega. Creen que todo se trata de sus buenas y nobles intenciones, y que con eso basta (si es que no derechamente son solo carreristas o sociópatas, en los peores casos). Este problema puede amenazar especialmente, quizás, al político de izquierdas o progre, que puede llegar a jurar de guata que sus intereses materiales no pueden interferir en sus nobles objetivos como guerreros de la justicia social. Para que, a pesar de su pertenencia de clase y sus intereses, los políticos representen o sean vocerías efectivas, deben ser parte de una estructura organizacional que les haga rendir cuentas a sus bases y a sus votantes. Simplemente no ocurre por buenas intenciones, y no asumirlo solo es peor.
