Imagen: militares (Fuente)
Por Victor Serge
Causó harto revuelo la petición del alcalde de Maipu, Tomás Vodanovic (Frente Amplio) de sacar a los militares a la calle en su comuna para cubrir labores policiales. Esta solicitud se la hizo directamente al gobierno mediante una reunión con la ministra del Interior. Aunque la petición de Vodanovic es que se le den tareas acotadas a los militares, su idea se ha sumado al coro de quienes, principalmente desde la derecha y el centro, están reclamando por presencia militar en las calles.
A partir de estas acciones se vieron aún más expresiones en apoyo de estas medidas, incluyendo de autoridades del oficialismo, como el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz (PS), o el diputado Raúl Soto (PPD). Todo esto puede parecer de locos, considerando que por años el Frente Amplio se ha opuesto a estas medidas, y más aún considerando que incluso la alcaldesa de Providencia, la derechista Evelyn Matthei, calificó la propuesta de “irresponsable, inviable e inconsciente”, al menos en lo inmediato.
Lo que motivaría todo esto es lo que se percibe como una crisis de seguridad. Los delitos típicos (los de mayor connotación social) han disminuido, pero esto no ha aplicado por igual a los homicidios, robos con intimidación y secuestros (que han aumentado en el último tiempo), más la presencia de actos aparentemente más crudos de violencia (que pensamos no eran tan fáciles de ver), y la presencia de grupos peligrosos como “el tren de Aragua”. Se suma a cosas como “portonazos” y “encerronas”, que tanto susto y rabia provocan.
Es legítimo tener una preocupación alta con este tema en general, e incluso antes de todo esto. Después de todo, nunca ha sido tan seguro tampoco, aunque en términos relativos pueda ser así (en comparación con otros países de la región y del mundo). Ahora bien, ¿Tiene sentido sacar los militares a la calle para combatir el crimen?
Es bueno partir notando que, curiosamente, desde las Fuerzas Armadas hay resistencia a la idea. En torno al recientemente convocado Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), el jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, indicó que los militares no tienen el “entrenamiento, educación o equipamiento adecuado” para la tarea de interactuar con la población en la mantención del orden público.
Si bien no hay una cantidad muy satisfactoria de estudios sobre el tema, hay trabajo y discusión en el asunto a nivel internacional. Sumándose a otras voces críticas de la idea, el doctor en Ciencia Política y profesor en el área en la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes (para CIPER), dice que la experiencia comparada y los estudios indican que estas medidas no funcionan bien y es mejor evitarlas. Aún así, el profesor reconoce que faltan más estudios sobre efectividad de estas medidas en la reducción del delito. En su artículo, revisa varias de las condiciones básicas que se tendrían que considerar antes de usar a los militares de esta forma.
Un estudio en Colombia por académicos de la Universidad de Brown arrojó datos que no son favorables a la idea. Según los investigadores, que reportaron sus hallazgos para la prestigiosa revista Nature (Nature Human Behaviour), desplegar a los militares en las calles de Cali no tuvo efecto en la reducción del crimen, y que incluso hubo cierto aumento. Tampoco, afortunadamente, vieron más abusos o violaciones a los derechos humanos de la población. El estudio se hizo en estrecha colaboración con las autoridades mismas.
Rodolfo Robles-Montoya es un ingeniero que sirvió en el ejército peruano. Es además investigador y asesor de Seguridad, Defensa e Inteligencia en la Fundación Myrna Mack de Guatemala. Ha participado cercanamente en los procesos de reformas de las instituciones de seguridad, defensa e inteligencia del país centroamericano. En su reporte sobre el uso de la fuerza militar para labores policiales (“law enforcement”) en centroamérica, el especialista en seguridad es claro en declarar que la colaboración militar en tareas policiales y de control del orden público deben ser limitadas solo a situaciones más catastróficas, donde la gobernabilidad y existencia de los Estados esté en juego.
Según Robles-Montoya, involucrar a los militares en estas tareas implica importantes riesgos en lo político, lo social y lo técnico. En lo político, considera que se juega severamente la credibilidad de las fuerzas armadas ante posibles abusos. Cita a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos cuando indica que “…La historia del hemisferio muestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna en general es acompañada por violaciones de los derechos humanos en contextos violentos”, y que por esa razón debieran evitarse estas medidas.
Según el ex militar, desplegar a los militares de esta forma implica varios otros riesgos: 1) desplegar a los militares a hacer labores policiales los expone a ser corrompidos y co-optados por las mafias, 2) arriesga que los políticos se hagan menos responsables de hacer políticas públicas apropiadas al problema, y de la conducción de las tropas militares mismas, 3) arriesga que disminuya el apoyo y fuerza de la policía (considerando además que también se necesitarían muchos recursos para que los militares puedan hacer de pacos).
En lo social, Robles-Montoya considera que involucrar de esta forma a los militares en la vida civil refuerza la validación de autoritarismo, de quienes apoyan aproximaciones más duras y agresivas a los problemas sociales, de quienes ven a los militares como “salvadores de la nación”. En el reporte indica que “históricamente, el autoritarismo ha tenido un importante impacto social vinculado a la creación, fortalecimiento y reproducción de ideas que legitiman la acción militar como la mejor solución a problemas de una naturaleza diversa que no pueden ser resueltos por el Estado.”
Considera que el involucramiento militar arriesga que estos se metan en decisiones operacionales y de estrategia política, lo que puede a su vez reforzar la visión del militar como salvador de la nación y generar nuevas olas de militarismo o una (peligrosa e indeseable) creciente autonomía militar. Si además las Fuerzas Armadas no tuvieran éxito y se vieran involucradas en actividades problemáticas, deslegitimaría al Estado como capaz de enfrentar los problemas sociales y de seguridad.
Por su parte, escribiendo para The Atlantic, el ex oficial de policía, fiscal federal y veterano de guerra estadounidense, Arthur Rizer, opina que usar a los militares para hacer trabajo policial puede derechamente llevar al desastre. Relata experiencias al respecto donde esto justamente ha resultado mal. Los soldados están preparados y entrenados para matar, y el uso de armas es su principal medio para lograr esto. Los policías en cambio, insiste Rizer, tienen que cumplir sus tareas ocupando el mínimo de fuerza posible, ocupando las armas como último recurso.
Según António Bernardo Colaço, juez de la Corte Suprema de Justicia de Portugal para el sitio de la Organización Europea de Asociaciones y Sindicatos Militares (EUROMIL), “un soldado no es un oficial de policía.” Según el conocido instituto CATO, vinculado a la derecha, tampoco es una buena idea. En Estados Unidos, el “Posse Comitatus Act” prohibe expresamente que el “law enforcement”, las labores policiales, sean ejecutadas por las fuerzas militares a menos que sea expresamente autorizado por un estatuto o la Constitución. De acuerdo a Joseph Nunn para el Brennan Center for Justice, el principio de que los militares no deberían tener permitido interferir en los asuntos del gobierno civil es un valor “central” en Estados Unidos.
No hay que apresurarse a soluciones aparentemente fáciles. Se requiere responsabilidad en el uso de los instrumentos estatales y siempre es importante considerar los intentos de estudiar científicamente los asuntos en juego. En cuanto a este tema, no parece recomendable apresurarse a sacar a los milicos a las calles. Más bien se requiere incluso una revisión radical del rol y lugar de policías y militares en nuestra sociedad, una revisión clara de la justificación de su existencia y cómo se estructuran racionalmente instituciones de ese tipo (que tienen un rol protector de la población a la vez de que la pueden poner en riesgo).
