Imagen: Patricio Aylwin y Salvador Allende (Fuente)
Por Victor Serge
Hace unos días, con votos de derecha y DC, se logró la aprobación de volver a leer la declaración que hiciera el Congreso Nacional en 1973 declarando la ilegitimidad e ilegalidad del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Esto parece ser parte de todos estos discursos que insisten en la responsabilidad de la izquierda en el desastre y el horror posteriores, o de los discursos que también, derechamente, defienden el golpe de Estado o le bajan el pelo a su gravedad dado “el contexto.”
Y bien, ¿Qué con la declaración? ¿El Congreso Nacional declaró inconstitucional el gobierno de la UP, validando incluso, legítimamente, sacar con fusiles y tanques (!) a los funcionarios de gobierno de la Moneda? En breve: no. A menos que entendamos “declaró” en el sentido de una mera declaración sin peso legal. Sin ir más lejos, es lo que el mismo Patricio Aylwin, que participó de esta movida en ese fatídico año, afirma sobre el suceso. Esto se puede leer en el fragmento de un libro de Aylwin reproducido por Ex Ante. En palabras de Aylwin:
“Una de ellas fue la idea de que el Senado y la Cámara, reunidos en sesión solemne en el Salón de Honor del Congreso, declararan formalmente la ilegitimidad del Gobierno e hicieron un llamado a las Fuerzas Armadas para derrocar al presidente Allende. Ello carecía de todo sustento jurídico, ya que la Constitución del 25 era clara en precisar que ninguna autoridad podía hacer otra cosa que lo que la ley expresamente la faculta para hacer. Estábamos ciertos que esta no era una “solución” porque, además, tendría el efecto contrario: permitiría al presidente Allende acusar al Congreso de no respetar la Constitución ni la ley, debilitando en consecuencia el peso de la oposición.”
Para que tuviera un efecto legal real, se requería de una acusación constitucional para la que no tenían votos, pues la Unidad Popular había aumentado sustantivamente su representación parlamentaria en las últimas elecciones de ese año hasta superar el 43%. La declaración del Congreso, en palabras de Aylwin, iba a ser puramente “testimonial”:
“Sabíamos que para avanzar hacia una acusación constitucional se requería de dos tercios, lo que no obtendríamos. Es decir, desde un comienzo tuvimos claro que la presentación del acuerdo solo tendría un carácter testimonial, pero aún así estimábamos que era una acción que debíamos realizar, toda vez que la Constitución nos lo permitiera.”
Creo que no hacen falta más pruebas del punto. Lo que hay que recalcar es que, como ya se ha dicho, un Congreso Nacional tiene que ser responsable y no emitir declaraciones que pueden ser malinterpretadas en direcciones violentas, en este caso golpistas. Más allá de la declaración y de sus pormenores, lo más complicado de todo en esta discusión es discutir que el famoso “contexto” y si es que este daba justificación para dar el golpe. Argumentar contra eso es más difícil, y requiere considerar, entre otras cosas, las acusaciones odiosas y conspiranoicas de la derecha respecto a la inminente “dictadura marxista” que se venía (o aún peor, el legendario Plan Z). Respecto a este otro grupo de horrendas falsedades se puede revisar otra de nuestras contribuciones para este medio.
Ante toda falsedad, frente a toda injuria y a toda actitud infame de la derecha solo podemos oponer la paciente tarea pedagógica de desenterrar la verdad.
