Imagen: Campamentos en Chile (Fuente); Costanera Center (Fuente)

Por Victor Serge

En esta contribución continuamos la serie sobre causas y evaluaciones de la revuelta. En la primera parte, reseñamos un poco de las ideas que ha expresado públicamente un defensor notable del capitalismo chileno, Carlos Peña (rector de la Universidad Diego Portales), al respecto. En esta segunda contribución reseñamos otras voces que enfatizan el aspecto de la inequidad y precariedad de la vida en Chile.

El también académico de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Sociales y Políticas de la U. de Cambridge, Hassan Akram, cree que todo el asunto de la revuelta tiene mucho que ver con los problemas materiales de la pobreza, del modelo económico “neoliberal” y la desigualdad extrema que este promovería, entre otros males. En su libro sobre la revuelta (El Estallido: ¿Por qué? ¿Hacía dónde? [1]) resalta una encuesta hecha el mismo fin de semana en que comenzó todo, y donde solo el 3,4% de las personas mencionó el tema del transporte al preguntárseles sobre las preocupaciones más importantes para el país. Las cosas más importantes que se mencionaron en realidad fueron los bajos salarios y pensiones (45% de las respuestas) y los altos precios de los servicios básicos (luz, agua, salud, educación —con 19% de las respuestas) [2].

Akram discute contra las visiones más optimistas sobre Chile, amparadas por ejemplo en cifras como las del Informe sobre la Felicidad Mundial de 2017, donde Chile aparece como uno de los países donde más subió la satisfacción con la vida. Akram repara en que también entre los países que más habían subido en satisfacción estaba Rusia y Sierra Leona, país que vivió una crisis terrible de ébola el año 2014. Usando esas mismas cifras, el Informe de 2015 mostraba que Chile sería menos feliz que Venezuela, a pesar de la crisis que azota hace años al país caribeño [3]. Aunque mucha gente en Chile reporte estar satisfecha con sus vidas, eso no quiere decir que no tengan grandes frustraciones con el sistema político, ni que esta felicidad sea pareja para todos (obviamente).

El académico destaca el informe del PNUD del año 2017 (Desiguales [4]) que detalla varios elementos de malestar creciente. En particular, el aumento de la percepción, entre la gente, de que la desigualdad de ingresos es demasiado grande. Esto, a pesar de que hay indicios de que la desigualdad ha disminuido un poco. El tema, aquí, es que no importa que haya bajado un poco la desigualdad si sigue siendo demasiado alta (obvio), y dado que los ingresos de los trabajadores crecen lentamente al lado de la inflación (especialmente post-pandemia), el tiempo pasa y no hay respuestas a los problemas sociales, la frustración aumenta. 

La situación, en términos de desigualdad, es realmente dramática:

Como señala Branko Milanovic, “el 5% más pobre de Chile tiene un nivel de ingresos similar al 5% más pobre de Mongolia, mientras que el 2% más rico tiene un nivel de ingresos similar al 2% más rico de Alemania” [5]. Además, si volvemos a las cifras del 1%, que es una mejor forma de medir la desigualdad que estos otros indicadores, se descubre que Chile es el más desigual del mundo [6]. Hay otros datos que confirman este diagnóstico —por ejemplo, Chile es el país donde la participación de sus billonarios, como porcentaje del PIB, es también la más alta del mundo [7].

Akram explica el llamado “neoliberalismo” que impera en Chile en torno a tres ejes: liberalización, desregulación y privatización. La idea, desde un punto de vista neoliberal, sería que el mercado juega el papel primordial en la economía, con la propuesta asociada de reducir las regulaciones estatales al mínimo posible. Así, también se ven fuertemente entregados al mercado bienes y servicios que en otros países son sustraídos de él para promover la igualdad como la educación, la salud o la seguridad social. El resultado es que el acceso a muchas de estas cosas puede luego depender del tamaño del bolsillo, y, siendo insuficientes los ingresos en el país, deja a la gente en una situación precaria y opresiva.

De acuerdo a Akram, también, el neoliberalismo en Chile ha promovido un estancamiento de la matriz industrial y productiva, al defenderse el aprovechamiento de las ventajas comparativas del país sin aspirar a cambiarlas en el futuro (lo que él llama una concepción “estática” de las ventajas comparativas), complejizando nuestra industria y mejorando nuestra posición competitiva a nivel mundial. Considera que los países deben pagar el costo de corto plazo que tiene proteger a las industrias nacionales para cosechar frutos de largo plazo; algo que la apertura comercial extrema propia del neoliberalismo no ha permitido.

Podemos agregar que, en el contexto institucional chileno (de herencia de la dictadura), los trabajadores tienen poca capacidad de organización y negociación colectiva, lo que está directamente asociado a la posibilidad de subir sus ingresos.

Tanto más puede decirse sobre la situación del trabajo. Como han investigado en más detalle los sociólogos Carlos Ruiz y Giorgio Boccardo, Chile se ha asalarizado fuertemente (alcanzando cerca del 70% de la fuerza de trabajo), con mayores ingresos que en décadas anteriores (aunque aún insuficientes para la mayoría) y mucho más inestables y menos predecibles, con una altísima rotación laboral y, a nivel social más general, bajos niveles de asociatividad entre las personas [8]. A esto se suman preocupantes cifras de precariedad, pobreza y exclusión [9]. Asociado a todos estos procesos también ha venido una conflictividad laboral que ha permanecido con el tiempo (notablemente, por ejemplo, en sectores como los trabajadores subcontratados) [10].

De acuerdo a datos recopilados por la Fundación Sol el 2018, Chile, a pesar de tener un considerablemente alto Producto Interno Bruto (la medida más popular de riqueza de una nación) por persona (promedio), tenía para ese año al 50% de sus trabajadores ganando menos de 380.000 líquidos, con el 70% ganando no más que 550.000 pesos líquidos. Con una línea de pobreza oficial baja (420.000 para cuatro personas; una cagada de plata para esos efectos), alrededor de la mitad de los asalariados del sector privado con jornada completa no podían sostener a sus familias por sobre la línea de la pobreza [11]. Y ni hablemos de los niveles de deuda. Se reporta en medios tradicionales, incluso, que cerca de 7 de cada 10 chilenos tiene deudas y que se ocupa a menudo una gran parte del ingreso para pagarlas.

No todos están de acuerdo, además, con que las medidas más famosas de desigualdad reflejen tan bien la situación. Francisco Armanet, Master en Liderazgo del MIT y Director de Evidence-Based Leadership Institute, repara, en su análisis sobre la revuelta, en datos de The Economist para decir que, de 2006 a 2017, los ingresos del 10% más rico de Chile pasaron de ser 31 veces el ingreso del 10% más pobre, a 39 veces. Eso equivaldría a un aumento del 30% de la desigualdad extrema en esos 11 años. 

En cuanto al contexto de la revuelta en general, Armanet también insiste en que hay una percepción generalizada en el país de que esos aumentos (o la prevalencia) de tal desigualdad extrema se han producido de manera ilegítima (“ilícita”), y por responsabilidad de los mismos sectores más acomodados del país. Los ruidosos casos de corrupción económica (como las colusiones) y política (como el financiamiento ilegal de la política y el control de políticos por parte de empresarios) habrían contribuido a la instalación de esta percepción, naturalmente. Los altos sueldos de políticos y parlamentarios en relación al ingreso típico de un chileno, las altas utilidades de las AFP versus las pellejerías que pasan los viejos con pensiones de hambre. Según Armanet, existe “evidencia irrefutable” de que la delincuencia no violenta abre de par en par la puerta para potenciar la delincuencia violenta.

Armanet reivindica los aportes de las ciencias de la conducta para entender la revuelta. En particular, destaca la importancia del trabajo del científico Richard Thaler, Nobel de Economía de 2017. Menciona evidencia, que hoy tenemos gracias a Thaler, de que “todos los seres humanos, ricos y pobres, en ciertas condiciones determinadas, tenemos una particular preferencia por justicia, que es anterior a la preferencia por dinero.” Agrega que las investigaciones de Thaler en torno a lo que se llama “el ejercicio del ultimatum” han dado con evidencia “irrefutable” de que si los seres humanos recibimos menos del 10% de una determinada cantidad de riqueza a repartir, las personas en cuestión comienzan a sentirse tan, pero tan mal, que casi todas ellas empiezan a “destruir valor.”

De acuerdo a Armanet, esto es precisamente lo que se vió y vivió en el estallido de la revuelta. De acuerdo a su análisis, esta es la razón principal para afirmar que un mínimo de percepción de justicia es necesaria para poder asegurar la paz y la seguridad, lo que también considera “requisito básico para aumentar la productividad, que es a su vez la fuente principal del aumento de los ingresos reales de nuestros trabajadores y de la prosperidad económica de todos los chilenos.”

Armanet enfatiza que en todos los procesos que aumentaron la desigualdad, fueron jefes los que los protagonizaron. Según el investigador son los jefes, jerarcas del mundo privado y público, en definitiva, los responsables.

“Fueron jefes, los dirigente políticos quienes decidieron el sueldo de nuestros parlamentarios. Fueron jefes los ministros, los subsecretarios y los reguladores que han permitido por años las rentas monopólicas de ciertas industrias. Y fueron jefes, los jefes del estado de chile, que durante los últimos 16 años fueron protagonistas de este vergonzoso incremento de la desigualdad dura que no es captada por el indicador Gini relativo (que efectivamente a mejorado, y del cual muchos opinólogos se jactan de conocer sin saber siquiera cómo se calcula).”

Según Armanet, la evidencia mostraría que los jefes explican el 70% de las variaciones de la productividad de las personas que dirigen, y que “en su conjunto son responsables de casi ¾ de nuestro bienestar económico y emocional.”

Complementando todo lo anterior, podemos apuntar al ya referido informe Desiguales del PNUD (2018), que detalla varias dimensiones de la desigualdad socioeconómica impactantes, incluyendo algunas de las mencionadas. Se documentan datos sobre la desigualdad extrema (y cómo, obviamente, persisten las percepciones de desigualdad aunque haya cierta disminución en los índices que la miden); inseguridad laboral y altísima rotación en el empleo; salarios que no dan para mantener una familia para gran parte de los chilenos; tratos discriminatorios (por clase social, género, apariencia, vestimenta, etc.); una percepción masiva (y con datos que la apoyan) de que en Chile la meritocracia es más que deficiente; la desigualdad política que existe entre clases sociales (donde, básicamente, los “cuicos” tienen más acceso al poder estatal y a facilidades para organizarse, hacer escuchar su voz e influir en el proceso político).

En la siguiente contribución (la tercera parte de esta serie), profundizaremos un poco en la situación de larga crisis política que afecta al país y que podría, también, tener mucho que ver con las causas de la revuelta.

Referencias

[1] Akram, H. (2019): “El Estallido: ¿Por qué? ¿Hacía dónde?” (Ediciones y publicaciones El Buen Aire).
[2] Statknows (2019a): “Resultados de estudios de percepciones de Statknows
realizado el 19 y 20 de octubre 2019”. Statknows. Citado en Hassan Akram, “El Estallido…”, sección 1A.
[3] Akram extrae las cifras de González, R. (2017b): “¿Malestar en Chile? A la luz de las elecciones 2017. Puntos de Referencia Públicos, 472. Centro de Estudios, Diciembre.
[4] PNUD (2018): “Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile” (Uqbar Editores).
[5] Milanovic, B. (2019): “Chile: The poster boy of neoliberalism who fell from
grace”. Global Inequality Blog. Citado en Hassan Akram (2019), “El estallido…” (obra ya citada), sección 1B.
[6] Aquí Akram, en la nota 47, escribe: “Desigualdad calculada usando la metodología de Jorrat y Fairfield (2016:133), ajustando las cifras del Luxemburg Income Study (que incluye 48 países hasta la fecha).” La cita a Jorrat y Fairfield corresponde a Jorrat, M. y Fairfield, T. (2016). “Top Incomes Shares, Business Profits and Effective Tax Rates in Contemporary Chile”. Review of Income and Wealth, 62, 1, August.
[7] Akram aclara que esto es así solo si se excluye a paraísos fiscales como Chipre. El dato también se basa en Milanovic, B. (2019) (referenciado en la nota 3).
[8] Ruiz, C. y Boccardo, G. (2020): “Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social” (Fundación Nodo XXI), capítulo 2, sección 4.
[9] Ruiz, C. y Boccardo, G. (2020): “Los chilenos bajo el neoliberalismo” (obra ya citada), capítulo 2, sección 6.
[10] Ruiz, C. y Boccardo, G. (2020), “Los chilenos bajo el neoliberalismo” (obra ya citada): capítulo 5, sección 2. Ver también el artículo de Stecher, A. y Sisto, V. (2019): “Trabajo y precarización laboral en el Chile neoliberal. Apuntes para comprender el estallido social de octubre 2019”, sección 3: “Nada empieza cuando empieza: La larga historia de revitalización y re-imaginación de las organizaciones de trabajadores y de la protesta social”. Parte del compilado editado por Kathya Araujo, “Hilos Tensados. Para leer el Octubre chileno” (Editorial Usach, 2019).
[11] Stecher, A. y Sisto, V. (2019): “Trabajo y precarización laboral en el Chile neoliberal…” (obra ya citada), página 52.