LA FALSA TECNOCRACIA (o de cómo sacar la pelota de la cancha: no discutir una nueva idea de país, sino cuánto cuesta su implementación)

El reciente 28 de julio de 2022 un grupo de economistas de derecha (centro-derecha se dirían a sí mismos) publicaron un documento denominado Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución.

Parten ensayando una instalación recurrente en el conservadurismo, lo presentan como un trabajo académico, puro, técnico, sin inclinación ideológica alguna, sólo en un afán colaborativo, ya que, según ellos, sus estimaciones “permiten identificar los elementos fiscalmente más costosos, lo que podría permitir a las autoridades tener información para graduar la puesta en marcha del texto según se consigan los recursos financieros. También este trabajo puede ayudar en el diseño de las leyes de implementación y transición e incluso en la eventual decisión de postergar algunas reformas”.

Su falsa asepsia ideológica se deja ver ya en el planteamiento de sus objetivos. En efecto, plantean que el objetivo central es lograr una estimación de costo fiscal incremental directo de la NC, pero en el párrafo siguiente señalan: “Nuestra motivación es doble. Por un lado, buscamos proporcionar información de utilidad para personas que requieren más elementos a la hora de decidir su voto”. Todo esto cuando terminan concluyendo que el costo fiscal directo que subyace a la implementación de la NC, es entre 8,9 y 14,2 puntos del PIB. Dicho en simple, si juntamos objetivos y conclusiones, están entregando información no para un voto informado, sino como acción de propaganda del rechazo, ya que además sus autores comentan que esto podría significar algo más de 3 veces la reforma tributaria en discusión, insinuando una suerte de inviabilidad económica del proyecto de NC. Veamos algunos de sus sesgos:

  • La base de referencia para el cálculo del costo incremental es el gasto que hoy se realiza en el ámbito respectivo. Es decir, trabaja con el supuesto que en el escenario alternativo (triunfo del rechazo), no existirá gasto incremental alguno asociado a políticas públicas relacionadas a derechos sociales de los que se hace cargo la NC.
  • En el análisis comparado con seis países que pasaron por sustituciones constitucionales, se toma una serie de tiempo calculando el promedio de 10 años antes del cambio constitucional y el promedio de los 10 años posteriores. Lo que claramente induce a error en las conclusiones, ya que aquí sólo se puede observar, en general promedios muy superiores en el periodo post NCs, sin embargo, este análisis no considera, deliberadamente a mi juicio, lo que muestran las respectivas tendencias del gasto. Los cambios constitucionales suelen emerger de crisis del sistema político y expansión de las demandas de la sociedad civil, sobre el mismo sistema político, sobre derechos sociales, sobre derechos fundamentales. Por lo tanto, la tendencia de incremento en el gasto público comienza antes de la NC y, esta misma, es el resultado de una demanda que termina siendo ineludible para los sectores dominantes.
  • Aunque lo que se declara es buscar entregar elementos para un voto informado, sólo se analiza (en costo fiscal directo) una de las alternativas, nada se dice de los escenarios alternativos, incurriendo en un marcado sesgo de información. ¿Qué país resulta de la opción rechazo?, ¿cuáles son las alternativas que se abren?, ¿no es posible, con supuestos igualmente válidos, simular escenarios fiscales?
  • Finalmente, y no menos importante, es reflexionar sobre el costo de la constitución vigente (C 80), pero ir incluso más allá del reduccionismo economicista del costo fiscal directo como única variable de medición. Es esa constitución la que posibilitó niveles obscenos de concentración del ingreso, la que privatizó derechos sociales, la que creo las “pulperías” de las AFP (administran los recursos de trabajadores y trabajadoras, para ir al mercado de capitales y endeudar a los mismos aportantes que pagan intereses por los recursos que le son propios), la constitución que creo los chile paralelos (los mismos que se oponen a la plurinacionalidad como reconocimiento mínimo a los pueblos originarios,  pero que crearon una plurinacionalidad económica, de clase). ¿Cuál ha sido el costo de un sistema político y económico impuesto a sangre y fuego? No les sirve el PIB ni la contabilidad nacional para medir el Chile neoliberal de los últimos 40 años, así que no lo miden, para ellos es mejor que no exista.

     

    Cuando saquen bien la cuenta, sin trampa, hablamos, hasta tanto ¡APRUEBO!

     

     

    Patricio Soto Caramori

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