Gobierno de Kast: de fracaso en fracaso, de escándalo en escándalo. Solo han bastado siete meses para que el Gobierno de Kast muestre una impericia descomunal para gobernar. Con la economía en picada y la gestión de gobierno hecha un desastre, deja en evidencia que las promesas de campaña no fueron más que un fraude bien montado. Aseguraron tener planes que no tenían; aseguraron tener competencias que hoy vemos inexistentes. Impávidos, hasta quienes lo avalaron y acompañaron, como la derecha tradicional, empiezan a abandonar el barco por temor a morir todos ahogados. Los ahogados, eso sí, seremos los chilenos y las víctimas de los delincuentes liberados.
Caso Rabat: un desastre vergonzoso
¿Quiénes son los criminales que salieron antes de tiempo gracias a los decretos del Ministerio de Justicia? Violadores de derechos humanos, violadores de niños y delincuentes que extorsionaban en nombre del Tren de Aragua.
El vendaval político desatado por la concesión de beneficios penitenciarios por vía administrativa sumó su arista más sensible en los tribunales. Se confirmó que, en paralelo a las rebajas otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó decretos que redujeron las condenas de tres criminales de lesa humanidad. Dos de ellos, recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til (Punta Peuco), ya están en libertad tras el descuento de sus penas. El tercero, un exagente de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), logró acortar en más de un año y medio su estadía en Colina I.
Las resoluciones llevan la firma del ministro Fernando Rabat y del subsecretario Luis Silva, y en un caso la del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, como ministro subrogante. Su publicación reabrió el debate sobre los límites de la Ley N° 19.856, de reducción de condenas, frente a los estándares internacionales que rigen para los crímenes de la dictadura.
Mientras el Ejecutivo se veía obligado a congelar la tramitación de nuevos decretos para contener la presión política e institucional, los registros judiciales detallan los crímenes de los beneficiados: ejecuciones a sangre fría en San Bernardo, torturas con electricidad y con yatagán en la Base Aérea El Bosque y la desaparición de los últimos cinco frentistas, en 1987. Son prontuarios que abrieron un severo debate sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile.
Miguel Arias Navarrete: la ejecución encubierta en San Bernardo
Uno de los exuniformados que salió de Punta Peuco es el excabo de Carabineros Miguel Segundo Arias Navarrete. Un decreto firmado por el ministro Rabat le rebajó nueve meses de condena: la fecha de término de su pena pasó del 14 de diciembre de 2026 al 14 de marzo de este año, lo que le permitió abandonar el penal.
Arias Navarrete cumplía seis años de presidio efectivo como autor del delito de secuestro calificado, condena ratificada por unanimidad por la Segunda Sala de la Corte Suprema en noviembre de 2020.
Según los hechos acreditados en la investigación de la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, el crimen se remonta al 5 de octubre de 1973. Cerca de las 13:00 horas, funcionarios de la Tenencia San Rafael de La Pintana, entre ellos el cabo Arias Navarrete, entraron a una casa de calle Padre Hurtado, en la población Pablo de Rokha, y detuvieron sin orden judicial a Justo Segundo Flores Martínez.
Cuando la hermana del detenido fue a la tenencia a preguntar por él, Arias Navarrete le aseguró que ya había sido liberado. Era mentira: Flores permaneció encerrado clandestinamente hasta la madrugada del 16 de octubre de 1973, cuando fue llevado al fundo Santa Adela, en San Bernardo, junto a otro prisionero, Luis Enrique Pérez Balbontín, un comerciante del sector que sufría una atrofia muscular severa en ambas piernas y se movía con muletas. Allí, ambos fueron ejecutados a sangre fría con disparos en el cráneo y el abdomen, y sus cuerpos fueron abandonados en la vía pública.
Manuel Cabezas Pérez: las iniciales de la UP marcadas a yatagán en El Bosque
El segundo beneficiado que salió de Punta Peuco es Manuel del Carmen Cabezas Pérez, exintegrante del Departamento II de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). El ministro de Justicia firmó una rebaja de ocho meses de su condena, que adelantó el término de su pena del 28 de noviembre de 2026 al 28 de marzo de este año.
Cabezas Pérez había sido condenado a cinco años y un día de presidio como autor de reiterados delitos de aplicación de tormentos con resultado de lesiones graves, sentencia que quedó firme tras ser confirmada por la Corte Suprema en noviembre de 2021.
La investigación judicial estableció que el exagente formó parte del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), que operaba en la Base Aérea El Bosque en los meses posteriores al golpe de Estado. Allí participó en los interrogatorios y torturas contra Patricio Mario Rivera Cornejo, obrero de Madeco y dirigente del Cordón Industrial San Miguel, y contra Ramón Daniel Pavez Casanova, dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER).
Las pruebas del expediente dan cuenta de la crueldad de las sesiones de tortura en el gimnasio de la base. A Rivera Cornejo lo sometieron a simulacros de fusilamiento y a descargas eléctricas en los genitales y la lengua, y los agentes le marcaron en la espalda, con un yatagán, las iniciales de la Unidad Popular. El estudiante Pavez Casanova pasó entre siete y diez días encapuchado y sometido a brutales golpizas, con secuelas psicológicas permanentes que constan en los peritajes del Protocolo de Estambul.
César Acuña Luengo: los últimos cinco desaparecidos, lanzados al mar frente a Quintay
El tercer caso es el del exagente de la CNI César Luis Acuña Luengo, conocido en el organismo represivo con las chapas de «Cristián Correa» o «Paco Correa». Es el único de los tres beneficiados que cumplía condena en Colina I. Mediante un decreto exento firmado el 20 de mayo de 2026 por el subsecretario Pablo Mira Hurtado, como ministro subrogante, el Ejecutivo le descontó 19 meses de pena: la fecha de término de su condena pasó del 2 de mayo de 2027 al 2 de octubre de 2025.
Acuña Luengo cumplía una sentencia de diez años y un día de presidio, dictada por la Corte Suprema el 21 de marzo de 2017, como autor del secuestro calificado de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola: los últimos cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) hechos desaparecer por la dictadura, en septiembre de 1987.
La sentencia dio por probado que la CNI capturó a los cinco frentistas como represalia, para usarlos como posibles piezas de canje tras el secuestro del coronel del Ejército Carlos Carreño Barrera. Los jóvenes fueron llevados al subterráneo del cuartel Borgoño, donde permanecieron incomunicados y fueron interrogados. Cuando quedó claro que la negociación no prosperaría, la jefatura del organismo ordenó eliminarlos. Fueron drogados y sacados en bultos hasta el Fuerte Peldehue; desde allí, un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército los arrojó al mar frente a las costas de Quintay, amarrados a rieles y durmientes de ferrocarril. Sus restos nunca fueron encontrados.
Acuña Luengo registraba además una condena anterior, de tres años de presidio, dictada en agosto de 2007 como autor del homicidio de Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky en la llamada Operación Albania o Matanza de Corpus Christi. Esa pena ya estaba cumplida cuando se le concedió el beneficio.
Rebajas para condenados por abusos sexuales contra menores
Una investigación periodística de Radio Bío Bío e Interferencia reveló los nombres de 33 de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que obtuvieron rebajas administrativas de sus penas, y luego la libertad, durante el gobierno de José Antonio Kast, mediante decretos del Ministerio de Justicia encabezado por Fernando Rabat y sus subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira.
- Los decretos: entre marzo y septiembre de 2026 se dictaron 56 decretos exentos con rebajas de condena para condenados por abuso sexual y violación de menores.
- Los informes de Gendarmería: buena parte de los beneficiados tenía evaluaciones que advertían un alto riesgo de reincidencia o falta de arrepentimiento.
Entre los 33 identificados destacan figuras con altas condenas o con roles de poder sobre sus víctimas:
- Luis Alberto Caamaño Mora («Hermano Quelo»), líder religioso condenado a más de 22 años.
- José Luis Hernández Paredes, excabo del Ejército condenado a 16 años.
La nómina incluye además a Patricio Alberto Arancibia Farfán, Juan Osvaldo Aceval Véliz, Heriberto Eliecer Alvarado Silva, Germán Fernando Leal Sáez, Héctor Remigio Orellana Araya, Eduardo Domingo Narváez Navarro, Eduardo Alberto Escobar Herrera, Miguel Eduardo Alvarado del Valle, Waldo Gómez Mondaca, Pascual Sergio Gutiérrez Huerta, José Jaime Silva Olivares, Pablo Eduardo Altamirano Valencia, Patricio Alejandro Ramírez Osorio, Pedro Enrique Peña Silva, Jordan Ignacio Celedón Villalba, Roberto Hernán Correa Catalán, Justo Emilio Vargas Gómez, Juan Carlos Castillo Pereira, Luciano Isaías Valladares Jeldres, Domingo Hernán Astudillo Chacana, Boris Rodrigo Contreras Silva, Rubén Gabriel Leguisamón Bunlluar, Florentino Segundo Quijada Villar, Gabriel Rosauro Gatica Jara, Patricio Esteban Echeverría Rodríguez, Jeison Emerson Palacios Cabrera, Juan Daniel Fuentes Pérez, Maiker Isaac Villarroel Leiva, Daniel Hernán Jiménez González, Juan José Soto Aro y Gabriel Hernán Reyes Rebolledo.
Falsos miembros del Tren de Aragua
Los decretos del Ministerio de Justicia también beneficiaron a tres de los cuatro ciudadanos venezolanos condenados por hacerse pasar por integrantes de esa banda criminal para extorsionar a trabajadoras sexuales en La Serena.
- El delito: en agosto de 2022, los cuatro fueron condenados a cinco años y un día de presidio por extorsionar a mujeres migrantes en el centro de La Serena, intimidándolas con la falsa amenaza de pertenecer al Tren de Aragua. No fueron condenados por asociación ilícita ni por delitos propios de esa organización.
- Las rebajas: con la firma del ministro Fernando Rabat y del subsecretario Luis Silva, Franyorkin Aramburu Hernández obtuvo una rebaja de nueve meses, y Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi, de tres meses cada uno.
- En libertad: dos de ellos salieron del Complejo Penitenciario de La Serena en septiembre de 2026, por la aplicación general de la ley de reducción de condenas, que no distingue el tipo de delito para conceder el beneficio.
