En México, se ha logrado poner en jaque a la corrupción. Hoy 11 de septiembre, el Congreso Mexicano con mayoría absoluta le pone fin al cartel de la Toga: se aprueba la reforma al Poder Judicial.
Durante años, la corrupción robaba los recursos públicos destinados a obras de infraestructura, salud y otros servicios esenciales. Contratos amañados, sobreprecios y empresas vinculadas a las élites políticas drenaban millones del presupuesto, dejando hospitales sin medicamentos y obras públicas inconclusas. El Estado era saqueado, mientras las promesas de solución a los problemas sociales quedaban en el aire.
México enfrentó décadas de gobiernos corruptos, cuyos presidentes y funcionarios de confianza mantenían estrechos lazos con cárteles de la droga y empresarios sin escrúpulos. Nombres como Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón resuenan como ejemplos de presidentes que, al terminar sus mandatos, huyeron a España para evitar rendir cuentas ante la justicia mexicana. Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rompió con esta tradición, cumpliendo lo que prometió: sacar adelante al país sin endeudarlo, administrando los recursos públicos de manera eficiente y sin tolerar el robo.
Cuando AMLO asumió la presidencia, se encontró con un parlamento dominado por una derecha feroz, similar a la que enfrenta Chile. Desde el principio, esta oposición utilizó tácticas sucias: mentiras, medias verdades, calumnias y una maquinaria mediática bien financiada que atacaba a su gobierno con una agenda clara. El **Plan A**, su proyecto original de gobierno, fue saboteado, impidiendo la ejecución de las reformas estructurales más necesarias para modernizar el Estado.
Ante este escenario, AMLO lanzó el **Plan B**, un enfoque pragmático que consistía en aprovechar al máximo las capacidades administrativas para avanzar en los cambios que el país necesitaba. Sin embargo, la oligarquía mexicana no tardó en movilizar su segunda línea de defensores: el poder judicial, que actuaba en coordinación con la oposición para frenar cualquier avance a través de sentencias judiciales y maniobras inconstitucionales.
A pesar de estos obstáculos, el gobierno de AMLO acumuló importantes victorias que demostraron a los mexicanos que el cambio era posible. Bajo su mandato, más de **5 millones de personas salieron de la pobreza**, se implementaron **becas para estudiantes de bajos recursos**, se introdujeron **pensiones solidarias para ancianos** que jamás habían recibido apoyo del Estado y se ejecutaron importantes proyectos de infraestructura, como la ampliación de la red ferroviaria, la construcción de aeropuertos y la modernización de refinerías. Todo esto, sin privatizar ni un solo proyecto, y con un crecimiento económico sostenido.
El éxito del gobierno de AMLO provocó la desesperación de la derecha mexicana. Cuando le preguntaron qué haría después de que le bloquearan los planes A y B, respondió con su característico carisma y sentido del humor: «Vamos con el **Plan C**». Este plan, lejos de ser un proyecto político complejo, era una consigna simple pero poderosa: **dejar de votar por la derecha**. La derecha, naturalmente, lo acusó de intervencionismo, y el poder judicial intentó prohibirle hacer este tipo de llamados. AMLO, fiel a su estilo, respondió sarcásticamente diciendo que, en lugar de la derecha, pedía no votar por los «conservadores», lo que causó aún más revuelo.
A pesar de la persecución mediática y judicial, AMLO mantuvo su popularidad con su innovadora estrategia de comunicación a través de sus «mañaneras», conferencias diarias a las seis de la mañana, donde comentaba temas de actualidad, exponía memes, historias y críticas a la oposición. Su canal en YouTube alcanzó tal popularidad que se convirtió en el **quinto youtuber más visto del mundo**. Con un presupuesto modesto y su talento para conectar con el pueblo, AMLO logró contrarrestar la maquinaria mediática de la oligarquía mexicana.
El **Plan C** fue un éxito rotundo. En las últimas elecciones, su sucesora, **Claudia Sheinbaum**, obtuvo una victoria contundente, con **30 millones de votos**, el doble que su rival de derecha. Hoy, el parlamento mexicano cuenta con una mayoría calificada, y la esperada **reforma judicial** está en marcha. Incluso algunos senadores de la derecha han votado a favor, marcando el fin de décadas de impunidad para los corruptos que protegían a los más ricos y poderosos.
México está demostrando que es posible poner fin a la impunidad y la corrupción, y Chile debería tomar nota. Hemos visto cómo gobiernos de centroizquierda han luchado por implementar pequeños cambios, pero la derecha chilena, heredera del pinochetismo, sigue siendo el principal obstáculo para una verdadera transformación. El **Plan B** chileno fue el **Estallido Social**, una explosión de indignación que dejó al descubierto las miserias del sistema. Sin embargo, la respuesta fue una negociación que muchos ven como una trampa, una salida que benefició más a los poderosos.
La derecha chilena ha demostrado que puede sobrevivir incluso a sus peores crímenes. Con el apoyo de un poder judicial complaciente, los coludidos reciben castigos simbólicos, y los asesinos de la dictadura continúan recibiendo pensiones millonarias. Mientras tanto, los delincuentes de cuello blanco y los políticos corruptos siguen operando con impunidad.
Es hora de que en Chile se implemente nuestro propio **Plan C**. La corrupción y los privilegios de clase no desaparecerán mientras sigamos votando por quienes perpetúan este sistema. Debemos abrir los ojos y, como en México, dar un paso hacia una verdadera justicia social, votando por quienes están dispuestos a cambiar el país desde sus raíces y dejar de Votar por una derecha que más que defender ideas sobre la libertad económica y el libre mercado, en estos años, desde la caída de la Dictadura, se ha dedicado a defender los privilegios conseguidos y a acceder al poder para favorecer a amigos, socios y negocios privados. Y esto ya no da para más.
