Por Victor Serge
En Diciembre pasado el Congreso firmó el llamado “Acuerdo por Chile” en búsqueda de hacer avanzar el proceso constitucional. En general, las organizaciones políticas que lo protagonizaron (partidos con representación parlamentaria) lo celebraron como un triunfo, o al menos un avance, aunque imperfecto (bajo la idea anunciada de que era mejor un acuerdo peor que ningún acuerdo).
En encuestas (asumiendo que signifiquen algo considerando los problemas que a menudo tienen) la opinión pública aparece dividida, en el mejor de los casos con cerca de la mitad de aprobación o aceptación del acuerdo (y con considerable rechazo al mismo). Hay varias razones de peso para cuestionar y criticar en duros términos este proceso. En esta columna explicamos los contenidos del acuerdo, quién “lleva la batuta” en él, y algunos motivos esenciales para criticarlo.
Primero, ¿Qué es el Acuerdo por Chile? El Acuerdo consta de: 1) las llamadas “bases constitucionales” o una mini pre-constitución que establece las instituciones y los límites básicos para hacer el nuevo proyecto y 2) la definición del organismo encargado de redactar este nuevo proyecto de constitución.
Las bases fueron elaboradas (era que no) en el Congreso mismo, mientras que el organismo redactor será en parte electo y en parte cuoteado por el Congreso en puestos para “expertos” (en realidad, más que nada abogados con posgrado y/o trayectoria). Con que está “cuoteado” queremos decir que el Congreso los reparte según el poder que tenga cada partido u organización en él. El organismo electo se llamará “Consejo Constitucional”, compuesto por 50 personas más escaños extra para pueblos indígenas que se determinarán según los porcentajes de elección.
Los organismos designados son la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad. El primero hará el “ante proyecto” con el que trabajarán los Consejeros. El segundo fiscalizará todo el proceso para asegurarse de que tanto el ante proyecto como el proyecto no se desvíen de las bases constitucionales ya escritas por el Congreso. El proyecto se revisa en Armonización (revisión de coherencia), para que después la Comisión Experta haga propuestas para mejorar la redacción (y donde ante desacuerdos, las diferencias se resuelvan en una pequeña Comisión Mixta mitad expertos y mitad consejeros electos).
Es importante darse cuenta de que los miembros designados tendrán muchísimo poder, aunque estos sean los electos los que redacten el proyecto mismo. Esto es así porque los pretendidos expertos redactarán la base del proyecto, y será el comité (no electo) de juristas de “Admisibilidad” el que revisará si las normas son aceptables. Se pueden jugar cosas como lo robustos o no que sean los derechos y libertades de las personas, o la protección de la naturaleza. Pero con una oportunidad única para los grupos conservadores de bloquear cambios más importantes (incluyendo a los mismos sectores que no quieren nueva constitución, o que en el mejor de los casos quieren hacer una muy similar a la actual).
Con todo, hay algunas críticas importantes que hacer a todo el proceso
1) El proceso carece de legitimidad
Los partidos políticos y el Congreso tienen muy, muy baja aprobación. El diputado Raul Soto (PPD) incluso dijo que el acuerdo es legítimo porque asegura participación ciudadana. Pero la participación ciudadana en el acuerdo está sumamente limitada y bloquea fuertemente a los candidatos independientes (motivo por el cual el abogado José Aylwin de Observatorio Ciudadano ha advertido que se vulneran derechos internacionales a la participación ciudadana y a la participación directa en procesos constitucionales –tal como se ha acordado en acuerdos como Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos).
El Acuerdo también está en contra de lo que la ciudadanía ya expresó en el plebiscito de entrada anterior donde, por amplísima mayoría, se determinó que la nueva Constitución debería hacerla una organización 100% electa por la ciudadanía y no una compuesta por miembros del Congreso. Ninguna encuesta de opinión donde con suerte la mitad apoye el Acuerdo puede pasar por encima del casi 80% de una de las elecciones más importantes de nuestra historia reciente. Este acuerdo pasa por alto esa decisión y pone el poder del Congreso al centro de todo el asunto.
Por lo demás, ¿Quién dice que son los parlamentarios los que saben quiénes son los expertos apropiados? ¿Cómo saben quiénes son los que saben? Por supuesto, no tuvieron que ni darnos tiempo para revisar y meter la cuchara en eso, ni a los que tenemos menos formación o los que tenemos más formación o educación formal. El apuro que le pusieron al asunto resulta, finalmente, beneficioso solo para los sectores conservadores.
2) No elegimos al Congreso para crear una nueva Constitución ni comandarlo
El rol del Congreso es legislar las normas ordinarias que rigen a la República. No es crear la ley fundamental, y si bien eso es reconocido hasta por representantes de la derecha, de todas maneras dieron paso a un proceso donde el Congreso ha tenido y tiene mucho poder.
3) Se limita el derecho de los pueblos de nuestro territorio a la auto-determinación
La gente de Observatorio Ciudadano también ha reparado, como es de rigor, en que el Acuerdo limita de entrada la libre elección de los pueblos de nuestro territorio a fijar sus normas y formas de organización. Este derecho está consagrado en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos como de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, pero en la práctica se desconoce por parte de este Acuerdo. Y esto porque fija de entrada lo que puede y no puede hacerse. Los cupos extra para pueblos indígenas, agregado a los 50 escaños electos, harán imposible un número que represente a la diversidad de los pueblos en nuestro territorio y limitará severamente su representación.
4) Si vamos a darle tanto poder a los expertos bien podríamos darle más votos a las personas con más educación
Muchos chilenos han sido seducidos por este discurso de los expertos y lo confiables que son los expertos. Y si bien esta postura no es una tontera, es altamente cuestionable y no sin peligros. Puede pensarse, por ejemplo, lo siguiente: 1) Hay ciertos conocimientos especializados o procesos de formación que habilitan a las personas para conocer mejor la realidad social o jurídica de nuestros pueblos (de modo que permita gobernar con más sabiduría) y no todos tienen acceso, interés o “dedos para el piano” en esos asuntos; 2) Los votantes, quizás, en general no somos tan cuidadosos (o no lo somos para nada) y nos dejamos llevar fácilmente por nuestros sesgos personales, prejuicios y nuestra ignorancia (de hecho, hay que considerar los estudios que presentan evidencia sobre la irracionalidad de las masas de votantes), 3) Por lo tanto, debemos darle todo el poder o mayor poder a las personas que, de acuerdo a nuestros criterios, saben sobre estos temas.
Hay varios problemas en esta postura. Para cerrar esta contribución, repasamos un par:
4.1) Los expertos también tienen pueden tener sesgos y prejuicios que incluso anulen, sumando y restando, el aporte positivo que sus conocimientos puedan hacer. Por ejemplo, los expertos podrían ser racistas o machistas y terminar haciendo más mal que bien. O pueden tener una perspectiva muy particular que les haga pasar por alto otros aspectos de la realidad. Un estudio reciente sugiere incluso que mayor educación no te hace necesariamente más tolerante, tal como la formación en temas de ética no te hace de suyo mejor persona. Podemos llevarlo más lejos y decir, siguiendo a un destacado colega doctor en Historia que tuve fortuna de conocer, “Cualquier hueón saca un doctorado” (sino, pregúntenle a Diego Schalper o al Dr. File).
4.2) También hay evidencia a considerar sobre lo mucho que suelen fallar los expertos en pronosticar la realidad social y, por lo mismo, saber cómo “meter mano” en ella. El conocido estudio de Philip E. Tetlock incluso encontró que en 82.361 pronósticos sobre temas sociales a lo largo de un montón de años, los expertos apenas tuvieron mejor desempeño que no-expertos informados.
4.3) Usualmente los expertos en temas sociales no logran ponerse de acuerdo en un número importante de asuntos clave, incluyendo los temas más difíciles y peliagudos. ¿Puede decirnos un comité de expertos, mejor que nosotros mismos, si debiera permitirse el tráfico de órganos o el arriendo de úteros…o el aborto? En temas como economía, por ejemplo, hay mayor grado de consenso. Pero a menos que queramos caer en burdas y torpes falacias de autoridad o de apelación a la mayoría, confiar ciegamente en los expertos está fuera de opción. Ni nuestras mejores mentes se logran poner del todo de acuerdo sobre las ventajas y costos del sistema de mercado o del sistema capitalista, qué clase de capitalismo (o de sistema alternativo, por ejemplo socialista) deberíamos tener, sobre los efectos de los impuestos o el rol de los sindicatos en una economía. Hay formas inteligentes de hacer que el conocimiento tenga peso en nuestras decisiones. Simplemente entregarle el poder a los que saben, o a los que supuestamente saben, no es una de ellas.
En definitiva el acuerdo es, por lo bajo, problemático. Verá el pueblo de Chile qué hace con este entuerto. Ampliaremos.
